El Inty Raymi de 1990
José Martínez.
Desde el inicio de la década de 1990, iniciarán en Ecuador una serie de movilizaciones de la población indígena ecuatoriana en la búsqueda de la obtención de derechos, de los que venían siendo aislados desde la época colonial. Pero ¿a qué se debe que estas movilizaciones se den en este momento y no antes?, pues, en primer lugar, la organización indígena de mayor poder de convocatoria y que contaba con el mayor número de miembros en ese momento era la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que recién se había formado en 1986 y sus principales filiales la Ecuador Runacunapak Rikcharimui (ECUARUNARI) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), se crearon en la década de 1970; y en segundo lugar, fue la nula organización con la que contaban las comunidades hasta mediados de la década de 1970, la que impedía que los líderes puedan convocar a las bases de la población para las movilizaciones. Este hecho cambiará, a partir del requisito gubernamental que exigía, que para la obtención de tierras los miembros de las comunidades se asociaran en organizaciones.
Es imperativo resaltar el abandono por parte del Estado y discriminación por parte de la población blanca-mestiza que sufría -y sigue sufriendo- la población indígena ecuatoriana, pues desde la formación del Estado en 1830, se mantuvieron las dinámicas económicas y sociales del periodo colonial como la del “sistema hacienda”, heredero de las encomiendas coloniales. Este sistema es una combinación de prácticas económico-culturales tomadas de la población indígena y elementos de explotación introducidos por los europeos y se trataba básicamente de toda unidad territorial agrícola trabajada por mano de obra casi esclava, una especie de feudalismo.
El sistema de hacienda estará en plena actividad desde los años anteriores a la fundación del Estado, y será eje fundamental de la formación del mismo, hasta mediados de la década de los años 50 del siglo XX, momento en el que fue abolido. La búsqueda de igualdad y reconocimiento por parte de la población indígena, será el factor determinante a la hora de convocar a grandes movilizaciones que desde inicios de la década de 1990 hasta la actualidad, han cambiado el rumbo político del país (Cruz Rodríguez, 2013, p. 174).
En ese sentido, la discriminación dirigida desde el Estado se demuestra mediante la formulación de políticas públicas encaminadas a acentuar las diferencias sociales y económicas entre la población indígena y el resto de la sociedad. Este hecho se vislumbró en primer lugar, con la idea contradictoria que proponía el Estado ecuatoriano, al legislar para este grupo de manera independiente, con la implementación del Tributo Indígena, pues era al mismo tiempo un supuesto intento de protección a esta población, a la vez que la existencia misma del tributo demostraba el grado de abuso que implementaba el Estado. En segundo lugar, el Estado ecuatoriano en una época determinada pasó de una posición paternalista a una anulación de la existencia del indígena, con la eliminación del registro de nacimientos y defunciones de miembros de esta población (Sánchez López y Freidenberg, 2009).
Un levantamiento indígena debe ser entendido como una acción colectiva, en la que diferentes miembros de una comunidad o comunidades indígenas se organizan para protestar, bien de manera pacífica en forma de marchas, movilizaciones o huelgas de hambre, o de formas no tan pacificas pero efectivas como invasión y destrucción de propiedad privada y pública, paralización de vías de comunicación o suspensión de servicios públicos.
Esta forma de protesta ha sido un recurso común utilizado por las poblaciones indígenas desde la época de la Colonia, siendo de carácter local o regional y sin mayor atención prestada por parte del gobierno nacional: “En el pasado los levantamientos constituyeron un recurso extremo de resistencia, que generalmente fue ignorado por el Estado y el resto de la sociedad y que tampoco desembocaron en procesos de negociación” (García Serrano, 2003, p. 4), hasta el levantamiento de 1990, el del Inti Raymi, el primero de una envergadura tal que llegó a sacudir al país entero.
El levantamiento indígena de 1990 se produce debido a la interacción de diversos factores, unos que venían siendo arrastrados desde décadas anteriores, como la problemática suscitada tras los intentos estatales de reformas agrarias. Así mismo, dentro de los factores que venían siendo dinamizadores de protestas y luchas indígenas, se encuentra el hecho de la paupérrima situación en la que se encontraba la población indígena desde la misma fundación del país (Santana, 1995), además del latente interés por parte de las asociaciones indígenas, especialmente la CONAIE, en la búsqueda de reivindicaciones de carácter étnico; reivindicaciones que terminarían por ser escuchadas por parte de los gobiernos de turno, como refiere Ana María Larrea Maldonado: “La lucha por la tierra vino acompañada del fortalecimiento de las organizaciones rurales y la revitalización de procesos identitarios con profundos contenidos étnicos” (Larrea Maldonado, 2004, p. 3).
El Levantamiento del Inti Raymi obligaría al gobierno de Rodrigo Borja a negociar directamente con los líderes indígenas, sin intermediarios (Zaldívar, 2003), que históricamente eran los partidos políticos de izquierda o una serie de agentes blanco-mestizos que jugaban un papel de ventrílocuos al momento de exponer las necesidades de la población indígena frente al gobierno de turno. Así, se destaca la ausencia de estos agentes intermediarios, que ejercieron una suerte de discriminación, tratándose de una “ventriloquía” frente a las comunidades indígenas, que no es más que todas las actitudes paternalistas conscientes e inconscientes por parte de agentes externos a las comunidades indígenas, que servían de intermediarios al momento de exponer el sentir y pensar de una asociación indígena.
El llamamiento a paro nacional por parte de la CONAIE, se había decidido en la V Asamblea de la Confederación, realizada entre el 25 y el 28 de abril de ese mismo año. Los dirigentes de la CONAIE decidieron convocar a las movilizaciones, que se darían a lugar en junio debido principalmente a las negociaciones frustradas con el gobierno de Rodrigo Borja, quien había prometido la reactivación de la reforma agraria y prestar más atención a la Educación Intercultural Bilingüe.
El levantamiento se inició el día 28 de mayo de 1990, con la toma de la iglesia de Santo Domingo en pleno centro de Quito, por parte de un grupo de indígenas, encerrándose y permaneciendo en el templo hasta el día 6 de junio. Como refiere Floresmilo Simbaña, este acto “encendería la mecha”, motivando a las comunidades indígenas a unirse a las movilizaciones que ya habían sido convocadas (Simbaña, 2010).
La resistencia por parte de los miembros del movimiento indígena confinados en la iglesia, además de la violencia con la que el Gobierno comenzó a reprimir a los manifestantes, generaría un sentido de pertenencia con el movimiento en la mayoría de las comunidades indígenas y motivaría a que se dirijan a la ciudad de Quito. Este sentimiento de solidaridad sería compartido no sólo por la población indígena, sino además por miembros de otros sectores organizados de las urbes.
De esta forma, queda bastante clara la relevancia de este primer levantamiento dentro del propio movimiento indígena, pues mostró la capacidad de convocatoria y movilización de sus miembros a nivel nacional; desveló a la población blanco-mestiza del país, que por décadas omitió dentro de la problemática nacional a la población indígena; se posicionó como un movimiento social muy importante; se incorporó al sistema político del partidismo del país, y forjó el camino para luchar por las reivindicaciones buscadas por mucho tiempo, la de igualdad y principalmente la de que se convierta al Ecuador en un estado plurinacional e intercultural.
La irrupción del movimiento indígena a inicios de los noventa generó un cambio radical en las dinámicas políticas y sociales, pues por primera vez en la historia y después de décadas de encontrarse relegados y olvidados por los gobiernos de turno y la población ecuatoriana en general, los indígenas demostraron ser un agente de inflexión en la esfera política. Desde 1990 hasta la fecha, han sido los actores fundamentales para la formulación de propuestas de cambio y los portavoces de la parte de la población más desfavorecida, independientemente de que en un inicio su lucha haya sido, con justa razón, por reivindicaciones propias; con el pasar de los años, dentro de sus demandas favorecían los intereses de la ciudadanía en general.
José Martínez Albornoz (Ecuador, 1988)
Defensor de que la historia es cuento y la cultura es de todxs.
Referencias:
Cruz Rodríguez, E. (2013). Auge y declive del movimiento indígena ecuatoriano (1990-2008). Revista Temas , 173-186.
García Serrano, F. (2003). Política, Estado y diversidad cultural: a propósito del movimiento indígena ecuatoriano. En V. Bretón Solo de Zaldívar, Estado, etnicidad y movimientos sociales en América Latina: Ecuador en (pp. 193-215). Icaria.
Larrea Maldonado, A. M. (2004). El Movimiento Indígena Ecuatoriano: participación y resistencia. Observatorio Social de América Latina, 67-76.
Sánchez López, F., & Freidenberg, F. (2009). El proceso de incorporación política de los sectores indígenas en el Ecuador. Pachakutik, un caso de estudio. América Latina Hoy, 65-79.
Santana, R. (1995). ¿Ciudadanos en la etnicidad? Los indios en la política o la política en los indios. Abya Yala.
Simbaña, F. (2010). Las relaciones entre el movimiento indígena y el gobierno. La Tendencia, 40-47.
Zaldívar, V. B. (2003). Desarrollo rural y etnicidad en las Tierras Altas de Ecuador. En V. B. Zaldívar, Estado, etnicidad y movimientos sociales en América Latina : Ecuador en crisis (págs. 217-253). Icaria.
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