La Gran Mentira ¿Seguridad a costa de la Libertad?
Vicente Solano.
La narrativa de seguridad que prioriza el miedo puede justificar medidas drásticas y arbitrarias por parte del gobierno, restringiendo derechos fundamentales en nombre de la seguridad ciudadana.
La política de seguridad actual, inspirada por figuras como Nayib Bukele en El Salvador, ha llevado a muchos regímenes de la región a admirar y aplicar políticas que, si bien aparentemente han fortalecido la seguridad ciudadana, han creado un estado de excepción permanente. Este estado de excepción, que debería ser una medida temporal y excepcional, se ha convertido en la norma, limitando severamente las libertades individuales (Agamben, 2013).
Desde la filosofía política, se han desarrollado diversos enfoques sobre la relación entre libertad y seguridad. Algunos autores consideran que la libertad se fundamenta en la seguridad, entendida como la protección frente a amenazas externas e internas (Montesquieu, 1748). Otros sostienen que la coexistencia de libertad y seguridad implica, inevitablemente, el sacrificio parcial de uno en favor del otro (Barberis, 2020). Sin embargo, es innegable que tanto la seguridad como la libertad son esenciales y deben satisfacerse simultáneamente.
Un análisis de la revista «The Economist» titulado «Liberty’s lost decade» destaca cómo la política de seguridad de los Estados Unidos ha priorizado la seguridad sobre las libertades individuales desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Durante las administraciones de Bush y Obama, la «guerra contra el terror» se convirtió en la principal prioridad, eclipsando las libertades consagradas en la Constitución estadounidense (El Comercio, 2013). Esto plantea una paradoja, ya que Estados Unidos, conocido por defender los derechos y libertades como fundamentos de la democracia, ha adoptado políticas que los restringen.
La actuación de Estados Unidos en Iraq y Afganistán, la existencia de la prisión de Guantánamo y las revelaciones de Bradley Manning y Edward Snowden han cuestionado la coherencia de la política estadounidense de seguridad. Aunque Manning y Snowden infringieron la ley, sus acciones revelaron prácticas gubernamentales que comprometían las libertades individuales, planteando preguntas cruciales sobre la legitimidad de la interceptación de comunicaciones privadas y la proporcionalidad del uso de la fuerza por parte del Estado.
Este debate se extiende a nivel global, como lo demuestra la respuesta de Francia a los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015. Ante tales tragedias, la demanda social de seguridad aumenta, y se busca un equilibrio entre libertad y seguridad. Sin embargo, lograr un equilibrio perfecto es aparentemente imposible; en realidad se trata de preferencias sociales que pueden ser moldeadas por el miedo y la percepción de amenaza.
En el escenario político contemporáneo, figuras como Le Pen en Francia, Bukele en El Salvador y Lasso en Ecuador han adoptado una estrategia común: limitar los derechos de libertad en nombre de la seguridad. Esta táctica se presenta como una paradoja, ya que, mientras restringen libertades, pregonan la defensa de estas mismas. Esta contradicción evidente plantea importantes interrogantes sobre la autenticidad de sus discursos y las verdaderas intenciones detrás de sus políticas.
La narrativa de seguridad que prioriza el miedo puede justificar medidas drásticas y arbitrarias por parte del gobierno, restringiendo derechos fundamentales en nombre de la seguridad ciudadana. No debe ser una excusa para violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzosas, torturas o violaciones al debido proceso. El Estado tiene la obligación constitucional de tutelar las libertades fundamentales y garantizar la seguridad integral de sus ciudadanos. Sin estas garantías, la libertad se convierte en una mera aspiración y el Estado pierde su razón de ser.
La crítica a esta estrategia radica en su base contradictoria. Defender la libertad mientras se la restringe es una paradoja que socava los principios mismos de la democracia y el Estado de Derecho. La seguridad no debe ser vista como un fin en sí mismo, sino como un medio para proteger y garantizar las libertades. Cuando el equilibrio entre seguridad y libertad se inclina de manera desproporcionada, el riesgo es la consolidación de regímenes autoritarios que utilizan el miedo y la inseguridad para justificar la concentración del poder y la supresión de derechos. La política debe buscar mecanismos que no sacrifique la libertad en nombre de la seguridad, sino que integre ambas de manera que refuercen una sociedad más democrática, justa y libre.
Bibliografía:
- Agamben, G. (2013). Estado de excepción: Homo Sacer II, 1 (F. Lebenglik, Ed.). Adriana Hidalgo Editora S.A.
- Barberis, M. (2020). No hay seguridad sin libertad: La quiebra de las políticas antiterroristas (E. Merck Giuliani & N. Martínez, Trad.). Trotta.
- Montesquieu. (1748). El espíritu de las leyes (Tomo I, Libro XI, Cap. 6, pp. 227-272).
- El Comercio. (2013). Libertad vs. seguridad. Recuperado de https://www.elcomercio.com/opinion/libertad-vs-seguridad.html
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